El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Gobierno prohibirá el pago en efectivo de operaciones con un importe superior a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario profesional. El presidente ha advertido de que el incumplimiento de esta limitación, que formará parte del plan de lucha contra el fraude fiscal que aprobará el Consejo de Ministros, conllevará multas del 25% del importe del pago en efectivo.

Con esta medida, el Ejecutivo pretende reducir el uso de dinero negro y la emisión de facturas falsas en operaciones comerciales. Hasta el momento, el Gobierno había avanzado su intención de limitar el uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones, aunque no había determinado su umbral máximo. Con esta medida y el resto de las incluidas en el plan de lucha contra el fraude fiscal, el Ejecutivo estima recaudar hasta 8.171 millones de euros en 2012.

Rajoy, que ha precisado los detalles de esta limitación en la última sesión de control al Gobierno, ha defendido de nuevo la recién aprobada amnistía fiscal. El presidente ha reiterado que se trata de una medida "extraordinaria y excepcional", adoptada en una situación "dificilísima", que solo tendrá validez durante 2012 y que incrementará los ingresos estatales.

El presidente ha recordado que la OCDE recomienda la adopción de disposiciones fiscales de este tipo en situaciones económicas complicadas y que medidas similares ya se han utilizado en países como Alemania, Estados Unidos o Italia, donde se recaudaron más de 5.000 millones de euros entre 2009 y 2010. Rajoy ha insistido en que España ya reguló tres amnistías fiscales en 1977, 1984 y 1991, periodos en los que, además, los defraudadores no realizaron ningún pago al Estado al legalizar su situación, mientras que ahora deberán abonar entre el 8% y el 10% de la cantidad que afloren.